ICC Office of the Prosecutor launches Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute
Today, the Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court (ICC) launched its Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute.
The first Policy issued by the OTP in this area outlines how the Office may use its mandate and powers to investigate and prosecute Rome Statute crimes with an environmental dimension. Consistent with the OTP’s mandate and its Policy on Complementarity and Cooperation, the Policy also highlights the Office’s support for national efforts to investigate and prosecute environmental crimes.
At the launch event, Deputy Prosecutor Nazhat Shameem Khan emphasised the Office’s commitment: “This Policy reflects the Office’s recognition of the increasingly urgent need for a comprehensive global effort to combat environmental degradation and its consequences. Through this Policy, the Office intends to ensure that it plays its due role in collective efforts to deliver environmental justice.”
The ICC was established to help end impunity for the most serious crimes of concern to the international community. This mandate includes Rome Statute crimes – genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression.
Through this Policy, the Office signals its determination to assist in preventing and addressing unlawful environmental harm by conducting focused investigations and prosecutions of Rome Statute crimes that have an environmental dimension, by supporting national efforts at accountability, and by fostering cooperation with civil society and corporate actors. The Office further aims to advance international jurisprudence and best practices to strengthen global accountability for crimes that affect the environment.
In the practical implementation of this Policy, the Office will adopt an intersectional and interdisciplinary approach—bringing together diverse areas of expertise, assessing the long-term impact of environmental damage, and ensuring that children and youth have a voice in line with its Policy on Children.
The Policy is a result of a global consultation process incorporating comments received from States, civil society actors, experts, and practitioners. The process was led by the Special Adviser on War Crimes, Prof. Kevin Jon Heller, working closely with the respective Focal Points within the OTP. Furthermore, the Office appointed a multi-regional expert Advisory Group to assist in the development of the Policy. The Office wishes to thank all of the contributors whose insights informed its development.
Building on the foundation of this Policy, the Office will now translate its principles into action, ensuring that environmental accountability and justice guide its daily work.
As Deputy Prosecutor Khan affirmed: “The natural environment sustains all life, yet its destruction brings profound suffering—displacing communities, eroding cultures, and threatening human survival itself. This burden falls most heavily on the poor and marginalised, including Indigenous Peoples, women and children, for whom environmental loss often means the loss of health, livelihoods, and dignity. This is the responsibility we carry—to present and future generations, and above all to those most vulnerable to the devastation of environmental damage.”
The Office extends its gratitude to the co-sponsors and hosts of the policy launch: Costa Rica, France, Germany, Marshall Islands, and Panama.
The Policy is available English, French, and Spanish.
Find the full policy here: Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute
Video: ICC Office of the Prosecutor’s Policy on Addressing Environmental Damage through the Rome Statute
Questions and Answers: The ICC Office of the Prosecutor’s Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha presentado hoy su Política para abordar los daños ambientales mediante el Estatuto de Roma.
La primera Política de este ámbito que ha emitido la Fiscalía esboza la forma en que podrá ejercer su mandato y sus facultades para investigar y enjuiciar crímenes correspondientes al ámbito del Estatuto de Roma que presenten una dimensión ambiental. En consonancia con su mandato y su Política de complementariedad y cooperación, la Política también pone de manifiesto el respaldo de la Fiscalía a las iniciativas nacionales de investigación y enjuiciamiento de los crímenes ambientales.
En el acto de presentación, la Fiscal Adjunta Nazhat Shameem Khan ha hecho hincapié en el compromiso de la Fiscalía: “Esta Política obedece al reconocimiento por la Fiscalía de la necesidad cada vez más urgente de una iniciativa integral mundial dirigida a luchar contra la degradación del medio ambiente y sus consecuencias. A través de esta Política, la Fiscalía se propone asegurarse de desempeñar el papel que le corresponde en las iniciativas colectivas para impartir justicia ambiental.”
La Corte Penal Internacional se estableció para ayudar a poner fin a la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Este mandato incluye los crímenes correspondientes al ámbito del Estatuto de Roma, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, cuando sean cometidos por medio de daños ambientales o resulten en dichos daños.
Mediante la presente Política, la Fiscalía señala su voluntad de ayudar a prevenir y abordar los daños ambientales ilícitos investigando y enjuiciando de manera focalizada los crímenes correspondientes al ámbito del Estatuto de Roma que presenten una dimensión ambiental, respaldando las iniciativas nacionales de rendición de cuentas y fomentando la cooperación con la sociedad civil y los agentes empresariales. La Fiscalía se propone asimismo desarrollar la jurisprudencia internacional y las mejores prácticas para fortalecer la rendición de cuentas mundial en relación con los delitos que afecten al medio ambiente.
La Fiscalía adoptará un enfoque interseccional e interdisciplinar en la aplicación práctica de la presente Política, integrando diversos ámbitos de especialización, evaluando el impacto a largo plazo de los daños ambientales y garantizando que menores y jóvenes tengan una voz de conformidad con su Política relativa a los niños.
La Política es el resultado de un proceso de consulta mundial e incorpora comentarios recibidos de Estados, agentes de la sociedad civil, expertos y profesionales. El Profesor Kevin Jon Heller, Asesor Especial sobre Crímenes de Guerra, ha dirigido el proceso, trabajando en estrecha colaboración con los correspondientes puntos focales de la Fiscalía. Asimismo, la Fiscalía nombró un Grupo asesor de múltiples expertos regionales para que contribuyera a la elaboración de la Política. La Oficina desea expresar su agradecimiento a todos aquellos cuyas ideas han hecho posible su desarrollo.
Sobre la base de la Política, la Fiscalía procederá ahora a traducir sus principios en acciones, garantizando que la rendición de cuentas ambiental y la justicia guíen su trabajo diario. En palabras de la Fiscal Adjunta Khan: “El entorno natural sustenta la totalidad de la vida, pero su destrucción acarrea un sufrimiento profundo que desplaza comunidades, erosiona culturas y amenaza la propia supervivencia humana. Esta carga recae con mayor crudeza en la población pobre y marginada, como los Pueblos Indígenas, las mujeres y los niños, para quienes las pérdidas ambientales a menudo suponen pérdidas de salud, medios de vida y dignidad. Esta es la responsabilidad que nos incumbe ante las generaciones presentes y futuras y, sobre todo, ante la población más vulnerable a la devastación de los daños ambientales.”
La Fiscalía desea manifestar su agradecimiento a los copatrocinadores y anfitriones de la presentación de la política: Costa Rica, Francia, Alemania, Islas Marshall y Panamá.
La Política está disponible en inglés, francés y español.
La Política completa se encuentra disponible aquí: Política de la Fiscalía de la CPI para abordar los daños ambientales mediante el Estatuto de Roma
Preguntas y respuestas: Política de la Fiscalía de la CPI para abordar los daños ambientales mediante el Estatuto de Roma